El tercer Observatorio, concluye, a modo de resumen, que la ciudadanía ve en la cultura escrita y los derechos de autor un bien común –un bien «de mérito»–; que las plataformas tecnológicas, en primer lugar, y las Administraciones públicas, en segundo, están contribuyendo a normalizar el uso no autorizado de contenidos editoriales protegidos (democratización de la piratería); y, finalmente, que la protección efectiva de la propiedad intelectual de los autores y editores requiere de una responsabilidad compartida entre todas las áreas de Gobierno —no solo de Cultura— y una regulación más eficiente.
En este contexto, es fundamental que la legislación configure un mercado claro y transparente, que defina qué es la propiedad intelectual y cómo se reutiliza. También es importante que la información que genera este mercado no quede concentrada en manos de unas pocas empresas tecnológicas. Las mismas reglas deben aplicarse cuando estas compañías negocian derechos de autor, ya que utilizan de forma masiva obras protegidas.
En cuanto al impacto de la IA en la sociedad, en general, y en el sector cultural, en particular, hay un consenso generalizado en percibirla como un riesgo para todos los ámbitos.
01Las obras editoriales, un
«bien de mérito»
Los encuestados valoran las obras editoriales como un bien colectivo que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo social, considerándolos un «bien de mérito». No obstante, esta percepción positiva se ve afectada por una preocupante falta de información, especialmente en el actual contexto de transformación digital, que pone en riesgo dichos valores. Por ello, es prioritario que las áreas de Cultura, Educación, Transformación Digital, Industria y Justicia impulsen una estrategia informativa que fomente el conocimiento, la protección y el respeto de los derechos de autor.
83,7 %El 83,7 % de la población entiende que respetar los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores genera externalidades positivas para la sociedad.
El bien de mérito se ve amenazado por los usos deméritos de las grandes tecnológicas y la falta de regulación, que fomentan la piratería, devalúan las obras editoriales y perjudican tanto a autores y editores como al conjunto de la sociedad. La mayoría de la sociedad reconoce que falta información sobre los derechos de autor (67,6 %) y reclama, ahora más que nunca (88,7 %), una mejor explicación de sus beneficios y de los riesgos de los usos tecnológicos indebidos.
Percepción de la sociedad sobre la información disponible acerca de los derechos de autor
Falta información suficiente sobre los derechos de autor.
Ahora más que nunca se debería explicar mejor a la población los beneficios de los derechos de autor.
¿Quién debería liderar la labor informativa sobre los derechos de autor?
51,9 %
Gobierno (estatal, autonómico y local)
30,7 %
Federaciones, asociaciones y entidades de gestión cultural
17,4 %
Editores y medios de comunicación
02Rechazo social a las malas prácticas
La sociedad percibe algunas prácticas en derechos de autor —como el plagio, la copia no remunerada o el uso de obras para entrenar IA sin consentimiento o no pagar por el uso de clipping de prensa— como una amenaza a la innovación y la cultura.
La falta de ejemplaridad institucional y la influencia de las grandes tecnológicas, que refuerzan sesgos cognitivos, contribuyen a normalizar estas prácticas. Como consecuencia, se generan impactos negativos en la cultura escrita y la sostenibilidad del sector, se debilita el pensamiento crítico y se incrementan riesgos sociales como manipulación informativa y desigualdades, mientras la ejemplaridad de las administraciones queda cuestionada frente a la ciudadanía. Es imprescindible una acción decidida de las Administraciones y una regulación eficaz para proteger a creadores y editores.
Los derechos de autor, pilares fundamentales para garantizar una sociedad justa, creativa y respetuosa con el trabajo intelectual.
Prácticas que perjudican la sostenibilidad
87,8 %
Plagiar contenidos y publicarlos como propios
82,2 %
Hacer copias sin remunerar ni acordar con autores o editores
81,3 %
No pagar por el uso de clipping en prensa
76,3 %
Usar obras sin consentimiento para entrenar IA
Origen de estas prácticas
Existe una desconexión entre lo que las instituciones hacen y lo que la sociedad espera de ellas en materia de propiedad intelectual.
Sesgos y Administración Pública
Sesgos cognitivos o atajos mentales que fomentan las prácticas en materia de propiedad intelectual y que son el origen del consumo ilegal de contenidos editoriales. Estos sesgos reducen la percepción de culpa, racionalizan la infracción y normalizan su aceptación social. Identificarlos ayuda a entender por qué, incluso entre quienes afirman valorar la cultura escrita, el consumo ilegal de contenidos sigue estando tan extendido y crece.
Sesgo de autoridad
Sesgo de autoridad
La falta de mensajes y sanciones claras se interpreta como permiso para piratear
Sesgo de gratificación instantánea
Sesgo de gratificación instantánea
La facilidad e inmediatez del acceso pirata refuerza la conducta ilícita
Sesgo de normalidad y falso consenso
Sesgo de normalidad y falso consenso
Creer que «todo el mundo lo hace» diluye la responsabilidad individual
Sesgo de atribución causal externa
Sesgo de atribución causal externa
El consumidor culpa a los precios o editoriales para justificar la piratería
Sesgo de anclaje
Sesgo de anclaje
Se compara el precio legal con la gratuidad del pirata, generando rechazo al pago
Sesgo de autojustificación
Sesgo de autojustificación
Se presenta el acto ilícito como algo beneficioso para los autores
La profecía autocumplida y el sesgo de confirmación
La profecía autocumplida y el sesgo de confirmación
Cuanto más se busca y se accede a contenidos ilegales, más se encuentran justificaciones y pruebas de que ese comportamiento está socialmente aceptado
Sesgo de disponibilidad cognitiva
Sesgo de disponibilidad cognitiva
Se da más valor al medio tecnológico que a la obra, banalizando la cultura escrita
Estos sesgos se ven agravados por prácticas institucionales, especialmente cuando las propias Administraciones públicas los activan y legitiman. Al hacerlo, contribuyen a justificar la piratería y otras formas de uso no autorizado de contenidos editoriales.
Freno a las tecnológicas y protección de la cultura mediante una legislación eficiente
87,9 % El 87,9 % considera que hay poca regulación, ya que las Administraciones han cedido poder a las tecnológicas y entiende que respetar los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores genera externalidades positivas para la sociedad.
La falta de una regulación eficaz, que ha dado lugar a la consolidación de monopolios, la evasión fiscal, la desinformación y el uso indebido de obras culturales sin compensación. Las personas encuestadas creen que las Administraciones han cedido poder a las tecnológicas y legislan «sin criterio, con descontrol y concesiones», una opinión compartida por tres de cada cuatro personas.
Plano cultural
El 74,1% considera una mala práctica el uso de obras de escritores y editores sin reconocimiento ni remuneración, ya que compromete la sostenibilidad del sector.
Ámbito social
Se identifican riesgos como la pérdida de pensamiento crítico, la manipulación informativa, el control social y el incremento de desigualdades, aspectos que el 64 % de la sociedad reclama que se regulen con urgencia.
Perspectiva reputacional
El 96 % de los encuestados considera igual o incluso más grave que las Administraciones públicas incurran en estas prácticas que si lo hicieran las empresas privadas, poniendo en entredicho la ejemplaridad institucional.
03Ejemplaridad institucional y derechos de autor: la exigencia ciudadana
La sociedad reconoce claramente las prácticas en el uso de contenidos editoriales, responsabiliza a las instituciones públicas por su falta de ejemplaridad, y reclama información, educación y políticas sostenidas para proteger los derechos de autor y fomentar el respeto por el trabajo autores y editores.
¿Quiénes son los responsables de proteger los derechos de autor?
Los encuestados perciben que las Administraciones han renunciado a su papel de proteger los derechos de autor. Señalan la falta de campañas de sensibilización, sanciones efectivas y liderazgo institucional frente a la piratería digital y el uso de obras sin licencia, tanto en educación como en cultura y, ahora, también en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa.
88,7 %El 88,7 % vincula el progreso sostenible a una correcta protección de los derechos de los autores y editores.
Derechos de autor y Administraciones públicas
Percepción sobre el comportamiento de las Administraciones públicas:
En general, la sociedad rechaza que las Administraciones reutilicen obras editoriales sin pagar a sus titulares de derechos
73,7 %
Considera una mala práctica legislar para evitar el pago de derechos de autor.
74,1 %
Desaprueba que se distribuyan contenidos sin compensación.
95,8 %
Considera que las malas prácticas en el uso de contenidos editoriales por parte de las Administraciones públicas son éticamente igual o más graves que si las cometiera una empresa tecnológica.
Esta percepción refleja una alta exigencia social de ejemplaridad institucional en la defensa de los derechos de autores y editores.
El comportamiento institucional tiene un efecto directo sobre la población. La percepción de que las propias Administraciones y centros educativos reutilizan contenidos sin respetar los derechos de autor activa los sesgos cognitivos analizados en el bloque anterior, que normalizan la piratería, reducen la percepción de culpabilidad y erosionan tanto la autoridad institucional como la voluntad de pagar por contenidos culturales. La ejemplaridad institucional no solo es deseable, sino indispensable para frenar estas dinámicas.
Una Administración pública transparente con los derechos de autor
¿Cómo se ve a la Administración pública según su implicación en la defensa de los derechos de autor?
El cuidado de los derechos de autor tiene un efecto muy positivo en la imagen de las Administraciones. En el discurso de los ciudadanos surge una reveladora relación de contrarios subyacente que hay que tener en cuenta.
Una Administración que protege los derechos de autor
- Seria y eficaz
- Responsable, transparente y justa.
- Cuida su patrimonio y su activo cultural.
- Se preocupa por la sociedad y el país.
- Activa y luchadora.
- Democracia madura.
- Orientada al largo plazo.
Una Administración que descuida los derechos de autor
- Laxa e ineficaz.
- Irresponsable, opaca e injusta.
- Descuida su patrimonio cultural.
- Despreocupada y desinteresada por la sociedad.
- Pasota e inactiva.
- Democracia frágil y vulnerable.
- Orientada al corto plazo.
Los encuestados reclaman 4 tipos de medidas
01
Campañas de concienciación generalistas y mensajes claros en los canales de compra digital.
02
Acciones educativas y formativas en colegios, universidades y espacios culturales.
03
Inspecciones reales y sanciones eficaces, tanto dirigidas a particulares como a instituciones.
04
Pago de derechos de autor por la reutilización de contenidos editoriales.
Pilares para la sostenibilidad de la cultura
La ciudadanía apuesta por legislar con transparencia, reconocer la cultura como un eje estratégico del Estado y garantizar recursos estables para los creadores, cuestiones que definen por sí mismas el tratamiento que debe realizarse, siguiendo la teoría económica, sobre un bien de mérito. Estas demandas se expresan como pilares necesarios para garantizar la sostenibilidad del sector editorial y de la cultura escrita.
04 La cultura escrita en riesgo por la IA
La inteligencia artificial despierta tanto fascinación como temor. Su expansión desplaza el valor del contenido hacia el algoritmo y amenaza el talento humano, la diversidad y el legado cultural.
La ciudadanía pide regulación clara y protección real para autores y editores, convencida de que la cultura escrita es la mejor defensa frente al exceso tecnológico.
Uso de la IA generativa
La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, con un uso cada vez más extendido sobre contenidos preexistentes.
59,3 %
ha usado IA generativa alguna vez
55 %
la usó en el último mes
72,3 %
la emplea sobre textos preexistentes (webs, libros educativos)
Ambivalencia social: fascinación y miedo
Entre la curiosidad por su potencial y el temor a la deshumanización, la sociedad vive la IA con sentimientos encontrados.
Las ACTITUDES de la población hacia la IA son AMBIVALENTES.
Mientras la cultura escrita se asocia al esfuerzo humano y al pensamiento crítico, la IA se percibe como automática, uniforme y despersonalizada.
Ante los riesgos de la IA, regulación y protección para los creadores
La mayoría considera que la IA supone un riesgo alto y reclama al Estado una regulación clara y eficaz
Sin embargo, los encuestados son muy críticos con la actuación de la Administración hasta ahora.
89 %El 89 % vincula el progreso sostenible con una adecuada protección de autores y editores.
La cultura y la educación se perciben como pilares fundamentales para fortalecer a la sociedad frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. En este sentido, el 89 % vincula el progreso sostenible con una adecuada protección de autores y editores. La lectura, el pensamiento crítico y el apoyo a creadores se ven como herramientas clave para preservar el desarrollo humano y cultural en un entorno cada vez más dominado por la tecnología.
Percepción de la ciudadanía sobre el papel de la Administración ante la regulación de la IA
88,3 %
Considera que fortalecer la cultura escrita es la mejor manera de enfrentar los riesgos del exceso tecnológico y de la IA, interpretando esta protección como una estrategia de futuro, defensa del talento y freno a la homogeneización cultural.
72,7 %
Opina que las Administraciones públicas no cumplen con esta responsabilidad, priorizando a las grandes tecnológicas frente a los derechos de los creadores.
62,5 %
Considera que se protege poco o nada a autores y editores.
37,5 %
Cree que sí se hace “mucho o bastante”; pero de ellos un 86 % reconoce desconocer cómo se lleva a cabo dicha protección, evidenciando falta de transparencia y comunicación institucional.
05 ZOOM: Inteligencia artificial generativa
Un análisis más actualizado y equilibrado sobre su penetración y percepción
A diferencia del estudio de Ipsos, encargado por Google y centrado únicamente en los beneficios inmediatos de la inteligencia artificial generativa —como el acceso a la información, la educación o el trabajo—, el informe de Qbo para CEDRO ofrece una visión más completa y equilibrada. Junto a los aportes positivos, incorpora riesgos y externalidades que Ipsos no analizó, como la desinformación, la dependencia tecnológica, el desempleo o la percepción de la IA como peligrosa.
Comparativa de aspectos abordados por ambos análisis.
Los aspectos no medidos por el estudio de Ipsos son muy importantes porque cambian la forma de percibir la IA:
Desinformación
Desinformación
Qbo evidencia que gran parte de la población percibe la IA como un riesgo de manipulación informativa. Esto muestra que no se trata solo de una herramienta de acceso al conocimiento, sino también de una posible amenaza a la calidad democrática y al pensamiento crítico.
Dependencia tecnológica
Dependencia tecnológica
En general se considera que la IA incrementa la vulnerabilidad de las personas y de las sociedades frente a la tecnología. Esto plantea riesgos de pérdida de autonomía y de control social que Ipsos no analizó.
Desempleo
Desempleo
Qbo indica que un sector significativo de la población ve la IA como un factor negativo para el empleo, conectando directamente con el temor a la sustitución de trabajadores y a la precarización laboral. Ipsos no lo valoró, presentando así una visión incompleta del impacto económico.
Percepción de peligrosidad
Percepción de peligrosidad
Una parte importante de la población considera que la IA es más peligrosa que innovadora, reflejando una inquietud social de fondo sobre sus efectos culturales, humanos y éticos. Este matiz crítico estuvo ausente en el informe de Ipsos.
6Soluciones
El Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita reclama una acción urgente con medidas estructurales que combine legislación clara, gestión activa de derechos por parte de la Administración, transparencia, educación, campañas de concienciación, colaboración público-privada y un rol ejemplarizante del sector Público, entre ellas:
Legislación clara que elimine ambigüedades y excepciones en el uso de contenidos editoriales.
Transparencia institucional en el uso y distribución de contenidos protegidos a través de la licencia de derechos de autor para esa reutilización.
Formación sobre derechos de autor en todos los niveles educativos y en las AAPP.
Campañas de sensibilización sostenidas, con foco en el valor del contenido, el respeto al autor y las consecuencias de la piratería.
Iniciativa promovida por
2025 © Centro Español de Derechos Reprográficos